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Compliance Penal en Perú

Vamos a ver en qué consiste el Compliance Penal en Perú y cómo se desarrolla y aplica dentro del derecho penal peruano. Veremos los sectores profesionales sobre los que el Estado Peruano ha impuesto la obligación de tener un programa de cumplimiento normativo debido al ámbito empresarial en el que se encuentren. Además, analizaremos cuáles son los principales objetivos que debe perseguir un Criminal Compliance para resultar efectivo y prevenir correctamente los posibles delitos e infracciones.

Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano

La PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú ha realizado una investigación llamada “Criminal Compliance en el Derecho Penal Peruano”. En dicho trabajo se lleva a cabo un estudio de los orígenes, elementos y aplicaciones del Programa de Cumplimiento Normativo. O como se conoce habitualmente en Perú, el Compliance Program, una herramienta que las empresas deben tener para cumplir con las normas y prevenir las sanciones legales. Además, se expone la relación entre los riesgos nuevos que surgen debido a los avances tecnológicos y sociales actuales, y el derecho penal peruano. En los siguientes enlaces, le proporcionamos acceso a este trabajo en formato word, pdf y drive para descargar gratis.

Compliance Derecho Penal Perú

Según la legislación española en materia de compliance, existen una serie de delitos donde se puede aludir a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La normativa en España dictamina que esos delitos son algunos como la financiación del terrorismo, la prevaricación, el cohecho, el lavado de dinero, la contaminación, etc. Aunque el listado completo de delitos en España es mucho mayor, pero no los mencionaremos todos aquí por resumir.

Por lo tanto, las personas jurídicas tienen que asumir la responsabilidad si cometen alguno de estos delitos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • El delito se ha cometido a favor de la organización o en su nombre. Ya sea por los representantes o por cualquiera que esté autorizado a actuar como persona jurídica.
  • Si el delito lo han cometido empleados que no tenían autoridad, pero se ha hecho por no tener una correcta vigilancia y control por parte de sus superiores.
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