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Compliance Penal en Administración

El compliance penal ha llegado a ser un tema crucial en las empresas privadas, pero ¿Qué pasa en el sector público? ¿Ocurre lo mismo? ¿Se usan sistemas de gestión de compliance penal en Administración Pública? ¿Son obligatorios? En este post veremos cómo se encuentra actualmente la situación del sector público en cuanto a compliance en administración se refiere.

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¿Qué es el Compliance Penal en Administración?

La reforma implantada por la LO 1/2015 modificó significativamente el texto del artículo 31 bis e introdujo lo dispuesto en el artículo 31, según el cual se regulan claramente todas las sociedades anónimas abiertas pasando a ser objeto de una ley sujeta a responsabilidad penal cuando “realicen políticas públicas o prestar servicios para el beneficio económico común”. En palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en la Convención contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en los Negocios Internacionales, esto ha resultado en “una importante mejora técnica en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.” De particular importancia en el delito de cohecho es Extranjeros “Funcionarios públicos en transacciones comerciales internacionales” mediante una definición detallada del concepto de control adecuado, “esto llevará necesariamente a las empresas a tomar el control adecuado y medidas de control para prevenir el delito y, en consecuencia, la corrupción”.

Por lo tanto, se puede argumentar que la primera exposición al cumplimiento del sector público se produjo en 2015, con la introducción de la responsabilidad penal para todas las empresas que cotizan en bolsa: estatales, regionales y locales.

Llegados a este punto, no podemos ignorar que además del compliance penal que afecta a este tipo de negocios, el compliance también lo afecta desde el punto de vista del derecho administrativo, y de la declaración interna, que tiene por único objeto la regulación interna del regulador y declaración adicional, es la obligación reglamentaria que deben cumplir las partes ajenas al organismo competente, tanto en la contratación pública. En una zona urbana atormentada por escándalos de corrupción; En el ámbito de la protección de datos, que ocupa un lugar destacado en la agenda; en el medio ambiente y así sucesivamente.

¿Es obligatorio el compliance para el sector público?

Si bien las organizaciones y organismos públicos están obligados a cumplir con las diversas leyes que los rigen y respetar los principios de integridad y transparencia, no están obligados a implementar planes de cumplimiento. Por tanto, el compliance penal en Adminsitración Pública no es obligatorio pero si necesario.

Al contrario de lo que ocurre con el compliance en las empresas del sector privado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, vigente desde la revisión del Código Penal en 2010, no se aplica al sector público, por lo que sus órganos no deben dejar de tener en cuenta la necesidad implementar un programa de cumplimiento que les permita implementar los controles internos y las medidas de control necesarias para reducir los riesgos de cumplimiento que puedan enfrentar.

Las administraciones públicas, y por tanto sus organismos, están sujetas a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que les impone un conjunto de obligaciones similar al de los regímenes de control de cumplimiento.

Compliance Derecho Penal y Buena Gobernanza en Administración

Los siguientes documentos de investigación examinan el cumplimiento penal en España y Perú. Proporcionarán una visión general del sistema de justicia penal, con un enfoque particular en su impacto en la aplicación de la ley penal.

¿Por qué es necesario el compliance penal en la Administración Pública?

Además de la relación que existe entre la contratación pública y el cumplimiento, esto se refleja en la necesidad de las empresas que pretendan contratar con el sector público cuando sea parte de los requisitos y condiciones de la subasta, el contratista o cuando deseen evitar viéndose impedido de celebrar un contrato como consecuencia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos en el sector público (con excepción del artículo 71.1 letra a), la adopción de un régimen de cumplimiento algo similar al exigido por parte del sector privado parece ser necesario.

Obviamente, al igual que ocurre con el sector privado, cualquier programa de cumplimiento que se quiera adoptar en el sector público debe tener en cuenta las características del sector, así como del regulador, unidad y organización (no olvidemos que el sector público está formado por la administración pública del estado y el sector público institucional, que son dos organismos públicos afiliados diferentes asociados o dependientes de Omari Bank).

Muchas de las leyes que rigen a estas entidades y organizaciones tienen diferencias significativas que cualquier programa de cumplimiento, organización de cumplimiento o oficial de cumplimiento debe tener en cuenta al desarrollar y diseñar las medidas, controles, procesos y procedimientos más apropiados para ellos.

La adopción de un programa de cumplimiento por parte de las organizaciones e instituciones del sector público ayudará a mejorar la cultura de cumplimiento y lograr una mejor gestión y control interno de sus procesos y procedimientos, mediante la forma en que identifican los riesgos de cumplimiento que enfrentan (por ejemplo, infracciones aduaneras) que no es lo mismo lo que puede cometer un empleado que lo que pueda cometer un auxiliar administrativo), para diseñar medidas más adecuadas y eficaces para prevenir la comisión de determinadas infracciones.

Los temas de corrupción y pérdida de opinión pública parecen resaltar la necesidad de que el sector público considere los programas de cumplimiento como una herramienta adicional a su cartera contra actuaciones, irregularidades y delitos cometidos por funcionarios o empleados vinculados a la administración pública y las empresas. interactúan con. un collar.

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